CAPACIDAD Y MÉRITO

En los últimos días estamos asistiendo a una nueva criminalización de los FUNCIONARIOS (mal endémico de la sociedad actual y propulsores o promotores de la crisis económica en la que nos vemos envueltos) continuación de la ya iniciada hace algunos meses.

Les están (nos están pues yo lo soy: a mucha honra) dando palos por todos los lados y desde todos los lugares, las más palos de ciego, unas veces por desconocimiento, ignominia, maledicencia, infamia o afrenta, las más por iniquidad.

Los penúltimos golpes –acaecerán muchos más pues parece tratarse de una acción orquestada para camuflar otros muchos males- vienen del presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, propietario de las tiendas de ropa MANGO [breve reseña biográfica: empezó en el negocio de la moda en 1972, cuando volvió de unas vacaciones con un par de camisas y las vendió a unos amigos por novecientas pesetas, el doble de lo que le habían costado.], que pidió al Gobierno que aplique a los nuevos funcionarios una retribución variable, entre otras sandeces (se les pueda despedir…..). A quien se le ha unido la CEOE, su presidente –de momento- es Gerardo Díaz Ferrán al que últimamente le están creciendo los enanos, y de manera notoria y prominente Emilio Botín –a la sazón presidente del Banco Santander- en este caso “de casta le viene al galgo”: hijo, nieto y biznieto de banqueros.

Para ignorantes fingidos o reales es conveniente realizar una serie de puntualizaciones de lo que es un FUNCIONARIO –en sentido genérico, pues cómo se verá el concepto genuino está siendo desnaturalizando a pasos agigantados-.

Se confunde en la mayoría de los casos de forma torticera el término FUNCIONARIO con el de Empleado Público, que aunque parezca lo mismo no lo es. El concepto Empleado Público engloba a funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. Según establece la legislación vigente, amparada por la Constitución ( artículo 103.3 que: (i) establece una reserva de ley en lo que se refiere al estatuto de los funcionarios públicos, (ii) garantiza que el acceso a la función pública se produzca de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, (iii) reconoce que el ejercicio del derecho de sindicación por los funcionarios puede presentar peculiaridades y (iv) alude a la regulación de un sistema de incompatibilidades y garantías dirigidas a salvaguardar la imparcialidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, en relación o consonancia con el 23.2 que reconoce el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos), los funcionarios de carrera están vinculados a la Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Para adquirir la condición de funcionario hay que superar un proceso selectivo, ser nombrado por el órgano o autoridad competente, asistir a un Acto de acatamiento de la Constitución y tomar posesión del puesto dentro de un plazo establecido. En cambio el sistema del resto de Empleados Públicos no es el mismo y esa distinción viene amparada y avalada por las funciones realizadas y la forma de acceso (ofertas de empleo público).

El mal llamado “carácter vitalicio del empleo” su principal signo diferenciador “con el resto de los mortales”, es un mito. Un funcionario puede ser despedido, pues al igual que tienen unos derechos, también tienen unas obligaciones y están sujetos a un régimen disciplinario y sancionador que puede dar lugar a su expulsión en los casos más graves.

Si no fuera así, daría lugar a lo que ocurría dos siglos atrás, en el que los funcionarios (cesantes) eran nombrados por el partido político en el poder y cesados cuando cambiaba el Gobierno, lo que daba lugar a que no hubiera una independencia e imparcialidad administrativa. En la actualidad los Funcionarios de Carrera son garantes de la legalidad pues no les afectan en su fuero laboral los cambios políticos que se puedan producir en la Administración, dada su vinculación a la misma y no al gobernante de turno y su arbitrio.

Sin embargo todo lo expuesto esta comenzando a ser una entelequia pues los gobernantes tratan de colocar (nunca mejor dicho) -desgraciadamente lo están consiguiendo- a sus afines, desvirtuando y pervirtiendo la Administración Pública. Ejemplos los hay a millones –sí lees bien-, con la creación de sociedades y servicios hechos ad hoc para determinados personajes, para muestra un botón:

•        La intención del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía de convertir en funcionarios a unos 25.000  trabajadores de las empresas públicas, a través de un decreto de reorganización del sector público andaluz.

Por una vez, con la esperanza que sirva de precedente, ha imperado la cordura entre los grandes partidos políticos a nivel nacional y están de acuerdo en este punto. Alguien malintencionado podría achacarlo a que la mayoría (sin lugar a dudas, las mentes más prominentes –alguno se podrá preguntar ¿cómo serán las otras?-) son Funcionarios de Carrera (ZP no lo es).

Finalmente es necesaria realizar una
aclaración de carácter técnico –aviso para navegantes- el propietario de Mango hizo una enmienda a su primer postulado (no los otros correligionarios): funcionarios de nuevo ingreso, ¿por qué?. Ya se ha señalado la gran valía de este señor, no es nada fácil llegar hasta el puesto nº 167 de Forbes (lista top de las grandes fortunas mundiales) partiendo de la nada. ¿Quiénes son los principales valedores del sistema, quiénes están sustentando el consumo y sufragando los gastos sociales –principalmente los subsidios-?, en una grañidísima proporción LOS FUNCIONARIOS.